La decisión del gobierno de utilizar instalaciones del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) para alojar fiscales bajo el nuevo Sistema Acusatorio es profundamente alarmante.
Lejos de fortalecer la función simbólica y pedagógica de uno de los sitios más emblemáticos del terrorismo de Estado en nuestro país, esta medida altera su sentido y pretende subordinar la memoria a una lógica de utilidad meramente burocrática.
El ministro de Justicia justifica la medida diciendo que estos espacios “antes eran destinados a programas ideológicos”.
¡Cuidado!, esta expresión no es inocente: es toda una declaración de principios, y a la luz de esta lógica, pretende desacreditar y deslegitimar el trabajo que desde hace años se realiza en la ex ESMA, donde diversas instituciones, organismos de derechos humanos y propuestas artísticas, educativas y culturales, han mantenido viva la memoria de los crímenes horrorosos de la dictadura cívico militar, bregando por memoria, verdad y justicia.
Asimismo, Cúneo Libarona se atribuye per se el juzgamiento de lo ideológico, desentiéndose de la misma acción ideológica e ilegal impulsada por él, de la misma manera en que lo hacían los esbirros de la dictadura.
Con esta medida, el gobierno nacional suma una acción más en su intento por instaurar el clima opresivo cultural de aquellos años.
La ex ESMA no es un inmueble más del Estado, es un espacio de lucha, de duelo y de reconstrucción, testimonio vivo y palpable del horror, pero también es un espacio de resistencia y esperanza.
Su valor no se mide en metros cuadrados disponibles para cuestiones burocráticas, ni para funciones administrativas; se mide en vidas arrebatadas, en familias destruidas, en nietos apropiados, en compañeras y compañeros torturados y en verdades que costaron años parir y desenterrar con dolor.
Por eso, convertir este espacio en una oficina judicial es negar nuestra historia y despreciar su carga simbólica y su función social, pero también es abrir la puerta al revisionismo que pretende poner en cuestión el consenso social sobre los crímenes de lesa humanidad y el rol del Estado en su reparación histórica.
Hoy, más que nunca, en tiempos de violencia institucional, negacionismo creciente, discursos de odio y desmantelamiento del Estado; es imprescindible defender nuestro territorio simbólico, porque lo que están poniendo en juego no es solo un edificio: es el patrimonio del pacto democrático que construimos como sociedad después del horror, la obligación de defender el sentido más profundo de la memoria colectiva y el compromiso de sostener al verdad y la justicia frente al avance del olvido y la impunidad.
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